En Argentina el problema para adquirir moneda extranjera, ha degenerado en diferentes aspectos. En cierto sentido ha beneficiado el avance de obras de nuevos edificios, ya que por efecto, los materiales de construcción se han mantenido relativamente bajos, y al no poder adquirir dólares, la pequeña inversión se destina al arreglo de propiedades.

Pero por otra parte ha generado un producto sin uso, departamentos usados, sin ocupantes, que están a la espera de ser vendidos en otra situación monetaria ha generado una amplia oferta en alquileres.

Esto también ha generado una extraña paradoja, muchos de los que vivían de alquileres, históricamente, se han visto en problemas para alquilar sus inmuebles, con tanta competencia, y con gastos de expensas, la espera ha sido demasiado larga y muchos dueños se han visto en la obligación de bajar alquileres a punto de pagar los gastos, expensas y mantenimiento, con tal de no perder en la operación de venta.

Son extensas las situaciones creadas por este estado, algo distorsionado, de la situación del mercado inmobiliario.

Pero en la realidad social, la necesidad de vivienda ha mostrado su peor cara, los okupas, gente que asalta los inmuebles desocupados, se han tornado tan audaces que en algunos lugares de la costa hasta se ha involucrado a intendentes en la acción de ocupar inmuebles destinados al turismo vacacional.

Las situaciones son variadas, complejas, inmersas en un problema social que se va transformando en un problema estatal.

Es por ello que desde el estado, intentando resolver la situación de los más desfavorecidos impulsan una ley para que los dueños que tengan una vivienda en estado de uso y esté deshabitada, deberá pagar un impuesto especial por ello, para destinarlo a quien necesite ese dinero para pagar una vivienda.

Las reglas poco claras y la ausencia de instrumento que permita indexar alquileres con la celeridad necesaria, ha provocado que los dueños prefieran pagar los gastos de las viviendas, que alquilarlas. Los problemas de ocupación indebida han ido aumentando y ya hay reticencia a colocar en alquiler esas unidades.

Ni siquiera la situación de tener que pagar servicios, expensas, mantenimiento e impuestos está obligando a liberar las unidades para su alquiler.

Con el objetivo de enfrentar este problema que ya tiene influencia social importante, la legislatura de la ciudad pretende incrementar los impuestos de estos inmuebles desocupados y la obligatoriedad de no mantener esa situación por un plazo determinado que se indica no mayor a medio año.

La ley contemplaría la situación de tomar a cargo el inmueble infractor y colocarlo en la plaza a precios subsidiados, en otras palabras, expropiación.

La implementación de esta acción, es un atentado contra la propiedad, indican algunos, okupas oficiales; otros, piensan que el problema de la falta de vivienda, para uso habitacional es un problema generado por el Estado, con sus políticas para el sector inmobiliario, con lo que no ven más que una nueva situación de acomodamiento de una realidad para torcer el brazo político del estado nacional.

Pero estas maniobras, van más contra la “clase” que apoya el Gobierno de la Ciudad, muchos entienden que la paradoja provocará un cimbronazo importante en la administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no hace más que escupir al cielo.

Por ello, se cree que no es más que una amenaza que nunca llegará a más que bravuconada infantil.